Junio-2007
Al tiempo que el lector considere estas líneas, estará disfrutando de la libertad un cuantioso número de terroristas que, en justicia, debiese seguir en las cárceles. Granda, cual rogada damisela, finalmente ha cedido al persistente galanteo del gobierno, aún reafirmando fidelidad a su adusta causa. Y pensar en la iracundia, (causante de subsiguiente crisis) que su captura causó al adolescencial fascistoide a quien tenemos por vecino. La excarcelación, sin embargo, revela una tesis que pervive aún dentro de la democracia colombiana y que es sostenida también por algunos sectores en el exterior, particularmente en Europa. El argumento va así: El surgimiento de la guerrilla está justificado por una serie de problemáticas sociales; si bien los métodos guerrilleros son equivocados (y convenientemente poco se enfatiza esto), sus reclamaciones tienen fundamento y obligan al Estado a abstenerse de usar la coerción frente a estas; así, se insiste obsesivamente en que el Estado debe propender, casi rogar, por negociaciones.
Equivocada tesis esta, que debilita las instituciones democráticas, desmoraliza la Fuerza Pública, permite el ataque a la población civil e impide el efectivo accionar gubernamental para resolver los problemas que al país aquejan. En efecto, un análisis cuidadoso revela falacias graves, casi perversas, en el argumento. Se dice que la guerrilla es causada por la injusticia social y que por tanto sus reclamos son legítimos. Observe el lector el salto que se le permite a quienes esbozan estas posiciones; la injusticia social, que a todas luces es evidente, debe legitimar a un grupo de gentes a hacer unas reclamaciones (una dictadura comunista) y a hacerlas a sangre y fuego. Se le permite entonces a las guerrillas aparecer como las portavoces de un descontento social (que no lo son), a buscar imponer un programa profundamente antidemocrático y excluyente (pues se posiciona como legítimo), a usar cualquier método para imponer dicho programa (comprendiendo estos métodos), y obligando al Estado a buscar la solución a todo el embrollo, sin acudir a sus Fuerzas Armadas y policivas, que es su legítimo derecho. Este complejo de culpa de la democracia colombiana deviene en un perpetuo temor a defenderse; en una eterna búsqueda por congraciarse con su victimario, creyendo erróneamente que le aplacará, cuando lo que hace es fortalecerlo.
La injusticia social del país, la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades se resuelven profundizando la democracia y fortaleciendo sus instituciones, a través de un Estado que, entre otras cosas, con denuedo enfrente el terrorismo. No se logra a través de un rancio programa marxista-leninista, que a lo largo de la historia sólo ha atentado contra la libertad y la dignidad humana. Y es este programa lo que lo que las Farc deseaban. O desean, si les concede uno el beneficio de dudar que lo suyo sea ahora exclusivamente la acumulación de riquezas producto del narcotráfico y el terrorismo. Y son precisamente el narcotráfico y el terrorismo causantes de mayor pobreza, de menor libertad y de la violación de los inalienables derechos de la persona humana.
Así llegamos al escenario actual. Ciertos sectores tanto dentro como fuera del país, promulgadores de la tesis descrita, o inconscientes seguidores de la misma, han logrado presionar al Gobierno para lograr una masiva excarcelación. Decepción grande la que esta causa a quienes vemos en la firmeza frente al terrorismo una cuestión de principios. Algunas consecuencias parecen más probables que otras; ninguna justifica la movida. Improbable es que las Farc responda con liberaciones, que su totalitario pensar solo responde al lenguaje de la fuerza. Que la organización terrorista se vea desprestigiada frente a la comunidad internacional al no buscar el intercambio no es logro que legitime la liberación: ni se desprestigiará en mayor medida un grupo terrorista que ha cometido los más bárbaros actos ni este mayor desprestigio se traducirá en hechos significativos de parte de la opinión y gobiernos europeos. Probablemente, si la razón que a Sarkozy asistió en pedir la excarcelación de Granda fue la liberación de Ingrid, veremos a ésta salir de su secuestro. El presidente francés tendrá su luna de miel con el electorado, de ser así. Esto a costa de retorcer los principios de una lucha que a este país ha costado mucho, de usarnos para satisfacer sus más inmediatos y particulares intereses. Por su parte, se quitará Uribe la presión por facilitar el intercambio, particularmente en Europa, sí. Pero, ¿vale la pena acallar la crítica con tan excesiva medida?
Colombia nunca verá consolidar una democracia liberal verdadera si cede ante el terrorismo. Y los problemas sociales solo serán profundizados por el accionar de éste. Su programa oficial (marxismo-leninismo a través de la violencia), y extraoficial (narcotráfico) son inaceptables. No son ni han sido nunca legítimos portavoces de descontento social alguno. Sus métodos de siempre han sido execrables y han violado y continúan violando los derechos humanos. A las Fuerzas Armadas debe permitírseles la protección de los colombianos, como es su mandato constitucional. La firmeza contra el terrorismo, venga de donde provenga, sea paramilitar o guerrillero, es elemento indispensable del progreso de la Nación, es principio inamovible, no resiste cálculo político o electoral y debe convertirse en política de Estado real, pensando a largo plazo. Y los principios no se negocian.
Al tiempo que el lector considere estas líneas, estará disfrutando de la libertad un cuantioso número de terroristas que, en justicia, debiese seguir en las cárceles. Granda, cual rogada damisela, finalmente ha cedido al persistente galanteo del gobierno, aún reafirmando fidelidad a su adusta causa. Y pensar en la iracundia, (causante de subsiguiente crisis) que su captura causó al adolescencial fascistoide a quien tenemos por vecino. La excarcelación, sin embargo, revela una tesis que pervive aún dentro de la democracia colombiana y que es sostenida también por algunos sectores en el exterior, particularmente en Europa. El argumento va así: El surgimiento de la guerrilla está justificado por una serie de problemáticas sociales; si bien los métodos guerrilleros son equivocados (y convenientemente poco se enfatiza esto), sus reclamaciones tienen fundamento y obligan al Estado a abstenerse de usar la coerción frente a estas; así, se insiste obsesivamente en que el Estado debe propender, casi rogar, por negociaciones.
Equivocada tesis esta, que debilita las instituciones democráticas, desmoraliza la Fuerza Pública, permite el ataque a la población civil e impide el efectivo accionar gubernamental para resolver los problemas que al país aquejan. En efecto, un análisis cuidadoso revela falacias graves, casi perversas, en el argumento. Se dice que la guerrilla es causada por la injusticia social y que por tanto sus reclamos son legítimos. Observe el lector el salto que se le permite a quienes esbozan estas posiciones; la injusticia social, que a todas luces es evidente, debe legitimar a un grupo de gentes a hacer unas reclamaciones (una dictadura comunista) y a hacerlas a sangre y fuego. Se le permite entonces a las guerrillas aparecer como las portavoces de un descontento social (que no lo son), a buscar imponer un programa profundamente antidemocrático y excluyente (pues se posiciona como legítimo), a usar cualquier método para imponer dicho programa (comprendiendo estos métodos), y obligando al Estado a buscar la solución a todo el embrollo, sin acudir a sus Fuerzas Armadas y policivas, que es su legítimo derecho. Este complejo de culpa de la democracia colombiana deviene en un perpetuo temor a defenderse; en una eterna búsqueda por congraciarse con su victimario, creyendo erróneamente que le aplacará, cuando lo que hace es fortalecerlo.
La injusticia social del país, la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades se resuelven profundizando la democracia y fortaleciendo sus instituciones, a través de un Estado que, entre otras cosas, con denuedo enfrente el terrorismo. No se logra a través de un rancio programa marxista-leninista, que a lo largo de la historia sólo ha atentado contra la libertad y la dignidad humana. Y es este programa lo que lo que las Farc deseaban. O desean, si les concede uno el beneficio de dudar que lo suyo sea ahora exclusivamente la acumulación de riquezas producto del narcotráfico y el terrorismo. Y son precisamente el narcotráfico y el terrorismo causantes de mayor pobreza, de menor libertad y de la violación de los inalienables derechos de la persona humana.
Así llegamos al escenario actual. Ciertos sectores tanto dentro como fuera del país, promulgadores de la tesis descrita, o inconscientes seguidores de la misma, han logrado presionar al Gobierno para lograr una masiva excarcelación. Decepción grande la que esta causa a quienes vemos en la firmeza frente al terrorismo una cuestión de principios. Algunas consecuencias parecen más probables que otras; ninguna justifica la movida. Improbable es que las Farc responda con liberaciones, que su totalitario pensar solo responde al lenguaje de la fuerza. Que la organización terrorista se vea desprestigiada frente a la comunidad internacional al no buscar el intercambio no es logro que legitime la liberación: ni se desprestigiará en mayor medida un grupo terrorista que ha cometido los más bárbaros actos ni este mayor desprestigio se traducirá en hechos significativos de parte de la opinión y gobiernos europeos. Probablemente, si la razón que a Sarkozy asistió en pedir la excarcelación de Granda fue la liberación de Ingrid, veremos a ésta salir de su secuestro. El presidente francés tendrá su luna de miel con el electorado, de ser así. Esto a costa de retorcer los principios de una lucha que a este país ha costado mucho, de usarnos para satisfacer sus más inmediatos y particulares intereses. Por su parte, se quitará Uribe la presión por facilitar el intercambio, particularmente en Europa, sí. Pero, ¿vale la pena acallar la crítica con tan excesiva medida?
Colombia nunca verá consolidar una democracia liberal verdadera si cede ante el terrorismo. Y los problemas sociales solo serán profundizados por el accionar de éste. Su programa oficial (marxismo-leninismo a través de la violencia), y extraoficial (narcotráfico) son inaceptables. No son ni han sido nunca legítimos portavoces de descontento social alguno. Sus métodos de siempre han sido execrables y han violado y continúan violando los derechos humanos. A las Fuerzas Armadas debe permitírseles la protección de los colombianos, como es su mandato constitucional. La firmeza contra el terrorismo, venga de donde provenga, sea paramilitar o guerrillero, es elemento indispensable del progreso de la Nación, es principio inamovible, no resiste cálculo político o electoral y debe convertirse en política de Estado real, pensando a largo plazo. Y los principios no se negocian.
